LAS TORRES – Un reto colectivo

En las 28 torres en el núcleo de Ciudad del Bicentenario, que habitan 448 familias, el paso a una vida comunitaria ha significado unos grandes desafíos en la convivencia, la administración y el manejo de los espacios y bienes comunes.

Ocupan las supermanzanas 75B, 76A y 76B. Fueron viviendas gratuitas otorgadas por el gobierno nacional a familias con dificultades económicas o sociales. Instituciones como el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía, la Red Unidos, el Círculo de Obreros y la Fundación Santo Domingo se unieron en este proyecto. Las torres comenzaron a ser habitadas en 2014. Los vecinos más antiguos las recuerdan como una urbanización con todo nuevo, muy bonita. Para la mayoría significaba un nuevo comienzo.

Sin embargo, recibir el apartamento implicaba también unas nuevas formas de actuar como comunidad, unas normas de convivencia y una cultura de pago que quizás no hacían parte de su cotidianidad antes de llegar aquí.

La única que tiene hoy una administradora en funciones es la 75B. Se trata de Nohemí Cárdenas Martínez, sincelejana con más de treinta años en Cartagena y vecina de Olaya. Trabajó en San Francisco y El Pozón con vecinos que hoy hacen parte de la comunidad de las torres. Se graduó como trabajadora social pero no ha parado de estudiar. Cursa sexto semestre de derecho y no cejará hasta no graduarse como abogada. Su visión de conjunto le permite describir en qué están hoy las torres y cuáles son sus retos prioritarios.

Nohemí rememora que la primera asamblea de copropietarios se dió en junio de 2016. El Consejo de Administración de la 75B nombró a un administrador, que renunció poco después. Luego llegó la empresa que la trajo a ella y que terminó por retirarse en diciembre de 2020 alegando la falta de pagos de la copropiedad. Luego le pidieron a Nohemí que se quedase al frente pero como persona natural.

Los problemas

Las torres, de cuatro pisos cada una y cuatro apartamentos en cada piso fueron entregadas con cuarto de bombas -necesarias para que al agua suba a los pisos superiores-, parqueadero, una cancha deportiva, shut de basura, bohío, salones sociales y los dos locales comerciales cuyo arriendo debe ayudar a los gastos del conjunto. Su mantenimiento, más el de los jardines, los tejados y las canales, entre otros, es una labor que requiere un engranaje de trabajo bien aceitado y mano de obra. Y en la base de todo, una comunidad de vecinos aportando y haciendo esfuerzos mancomunados. Crear esa base comunal y ese mecanismo administrativo ha sido un tema no resuelto.

Nohemí nos hace un repaso de los temas más críticos en la SMZ 75B, que tienen su reflejo en las otras dos supermanzanas.

“Desde hace siete años están pagando los mismos veinte mil pesos mensuales por apartamento porque la asamblea no ha querido aumentar la cuota. Aún siendo muy poco para las necesidades, en su mayoría la gente no los paga. Aluden a la necesidad, a que son víctimas del conflicto y damnificados. Todo eso los hace vulnerables, dicen, al pago de la administración”.

“Una persona que en siete años no ha pagado un mes de administración hoy debe más de un millón trescientos mil pesos. Eso para la gente es un dineral, pero al mismo tiempo es el efecto de que no hayan pagado de a veinte mil pesos cada mes. Habló de siete años porque fue cuando asumimos la administración. Lo anterior ya se perdió”.

“Una dificultad grande es que quizás hasta un sesenta o setenta por ciento de los habitantes no son dueños de los apartamentos. Muchos están alquilados y otros son primos, amigos, nietos: una serie de personas que no son el copropietario que recibió una capacitación de tres meses sobre cómo vivir en estos conjuntos. Ellos se llevaron el conocimiento y dejaron en el apartamento a otras personas. Pero además hay algunos copropietarios que fueron capacitados y viven en su apartamento, pero tampoco cumplen las reglas de convivencia”.

Pero mientras él no haga el cambio de escritura y no legalice esa venta, yo le sigo mandando el cobro a él, incluso los jurídicos que estoy preparando. La carta de embargo le va a llegar a él a su trabajo”.

“Tenemos una cartera de más de trescientos millones de pesos en deudas y nos sostenemos con un porcentaje ínfimo de la gente que paga. Con el arriendo de los dos locales comerciales se solventan a medias algunas necesidades urgentes y el pago del administrador, que no es su sueldo completo. A la administración anterior se les quedaron debiendo treinta y cinco millones de pesos en sueldos porque en verdad más era lo que se invertía para mejorar las condiciones del conjunto que lo que tomaba el administrador”.

“El shut de basura pasa abierto las 24 horas. Cuando camino las torres y subo a los edificios encuentro basuras en las entradas. El conjunto se barre cada quince días. Al shut de basura hay que lavarlo día de por medio. Al muchacho que lo hace se le pagan veinte mil pesos, que es lo único que se puede por presupuesto y no puedo excederme. Aparte se le dan cinco mil pesos diarios porque él está pendiente de poner el tanque, cerrar la puerta, que no echen basura fuera del tanque. No hay dinero para pagarle mensualmente con todas sus prestaciones”.

SMZ 76A – Benito Montero – líder comunitario –

“Yo creo lo contrario: si queremos mejorar nuestra calidad de vida este es el espacio propicio. Pero si no pagamos la administración esto se nos viene abajo por el deterioro progresivo y, por ende, hay una desvalorización. Una persona sensata, que quiera vivir cómodo, no va a invertir en un lugar así. En Ciudad Jardín la cuota es de 110 mil pesos. Ahí está la diferencia: cuando usted entra allá dice –Esto está bonito, aquí dan ganas de vivir–”.

“Aún así, también creo que ha hecho mucha falta el acompañamiento institucional, sobre todo de la Nación y el Distrito. Por ejemplo, se hicieron la vista gorda con lo de que sólo podían vivir aquí los beneficiarios. Si hoy hiciéramos un censo, yo diría que si acaso un diez por ciento de los residentes serían propietarios. Eso lleva a la falta de compromiso y de sentido de pertenencia. El gobierno debe intervenir y mirar quienes están viviendo aquí pero también hacer el acompañamiento continuo de las personas que se quiere ayudar hasta que mejoren su condición”.

“Ya hay cosas muy críticas: las bombas ya casi no sirven; la tubería, que es en hierro, está agujereada, el sistema de hidroflot está dañado. Las garantías caducaron al año, como suele ocurrir. Las bajantes de agua lluvia las partieron, se las llevaron o las vendieron, lo que haya sido. Las azoteas comienzan a filtrar agua. El sistema interno de luces de cada torre ya no funciona. De seis de la tarde para arriba todo eso queda a oscuras”.

Vivir en propiedad

La figura legal que cobija a las torres es el régimen de copropiedad horizontal, reglamentado por la Ley 675 de 2001. “Su fin es garantizar la seguridad y la sana convivencia a través de normas que promueven el trato pacífico y la solidaridad”, según la cartilla oficial del Ministerio de Vivienda.

“También regula lo relacionado con las actas de asambleas, las funciones de los órganos comunitarios, del Administrador, el régimen de convocatorias y el ejercicio del derecho de voto, entre otros ítems”, según la misma fuente.

Es el régimen que cobija la vivienda de cada vez más colombianos, que se pasan a vivir a conjuntos de apartamentos, la forma de vivienda que más se vende actualmente en las grandes ciudades. Se diferencia claramente del mecanismo de Juntas de Acción Comunal.

La Asamblea de Copropietarios “es la máxima autoridad de la copropiedad, encargada de dirigirla y administrarla”.

Como la Asamblea, que reúne a todos los copropietarios, no puede estar reuniéndose todo el tiempo para resolver toda clase de asuntos administrativos y formales, nombra al Consejo de Administración, compuesto por un número impar de propietarios. Este a su vez nombra al Administrador, el responsable cotidiano de la buena marcha de la copropiedad. La asamblea también debe nombrar al Comité de Convivencia, clave para resolver conflictos y velar por la buena vida en común.

Junto a este el Consejo de Administración debe nombrar al revisor fiscal: “aquel que puede ejercer control sobre las operaciones de la administración. Además, es el encargado de entregar recomendaciones e informes para lograr que los bienes sociales estén adecuadamente protegidos”, según la misma cartilla.

SMZ 76B – Pierina Matorel Zuñiga – vecina –

“Hubo mucha complicación. Se pedía dinero para arreglarla: unos daban y otros, no. Se arregló porque se puso mano dura y se dijo que a quien no aportara su plata no le iban a poner el agua. Fueron sesenta mil pesos a cada apartamento porque lo que cobró el técnico no fueron dos ni tres pesos. Yo me metí allá a ver y eso estaba horrible: todo comido por el óxido, muy deteriorado. El agua estaba negra, fea, ya no servía. Tocó cambiar absolutamente todo: tanque, bomba y piezas. Al final la gente fue colaborando y se arregló. Ahora estamos con la cuestión de arreglar la presentación de nuestra torre”.

“Si nos ponemos a ver, esto es muy bonito. A veces la gente se porta mal, pero mejorando eso sería un muy buen sitio para vivir. Pero también hay que ser realistas: muchos a los que se les entregaron apartamentos no querían venir a vivir. Si yo vivo cerca del mercado y del trabajo, a media hora del Centro, estoy más cómodo. Aquí estamos bastante retirados de la ciudad. Por eso muchos dejaron acá a familiares. Con nosotros vive una cuñada que sale desde las cuatro de la mañana y a esa hora casi no se consigue transporte y muchas veces por la noche prefiere quedarse donde la mamá”.

Hay buenas noticias

En medio de este complejo y retador panorama, hay luces de esperanza.

“Una estrategia que me inventé fue que pagaran la administración con trabajo, para que el conjunto estuviera limpio. Contamos con más de diez mujeres que cada quince días barren el conjunto. Lo malo es que en dos o tres días está sucio de nuevo porque no hay cultura de limpieza. Si me aparece un paz y salvo de administración en los libros es de alguna señora que barre. Una de ellas es Esterlina que ha sido siempre líder voluntaria y una persona incondicional a la hora y el momento que sea. Ahora estoy adoptando el rubro de jardinería y tengo tres o cuatro señores que se ofrecen a podar los árboles, cortar con la guadaña las zonas verdes y también se lo estoy cruzando por pago de administración”, explica Noemí.

“Como administradora canalizo a Pacaribe, a Afinia, a Aguas de Cartagena y les digo –Mire, aquí hay una copropiedad de viviendas gratis que necesita la asistencia de ustedes y tal cosa– Entonces vienen con más facilidad. Por ejemplo, desde marzo le mandé una carta al alumbrado público diciendo que las 45 lámparas del conjunto estaban dañadas y vinieron a hacer ese trabajo, que mejora la seguridad”, agrega.

“Otra estrategia el año pasado fue participar en el concurso “Mi barrio contra el dengue”, que organizó el DADIS. Esto porque tenía una necesidad de lavar las albercas, que ya tenían dos años sin limpiarlas; estas albercas son las que surten al agua a ellos hasta los pisos altos. Se iban a ganar cinco millones de pesos en inversión de lo que más se necesitara en el barrio. Yo hice mi proyecto como representante legal ya que eso era necesario y por eso los otros dos conjuntos no pudieron participar”.

“Ganamos los cinco millones de pesos en inversión Con eso arreglamos los techos de los cuartos de basura y de bombas, arreglamos las tapas de las albercas y las lavamos, compramos insumos para el shut de basura y para el conjunto como tal, pedimos más sillas y mesas. Nos quedan algunas bolsas de cemento y baldosas con las que vamos a hacer las letras de la supermanzana 75”.

“Frente a la prohibición de alquilar o vender estos apartamentos antes de diez años de haberlos recibido, el Ministerio de Vivienda expidió un decreto por el cual se puede vender, pero se deben cumplir unas condiciones: una es que deben estar a paz y salvo con todos los servicios, incluyendo administración. Cuando se demuestra el paz y salvo con todo, el Ministerio le manda una carta llamada ‘condición resolutoria’ dándole el aval a ese copropietario que va a vender o que vendió. Con la carta se puede hacer el cambio de escritura en la notaría donde se registró el apartamento”, explica Nohemí.